PROVINCIAS EN FOCO
I- Tierra del Fuego: La educación derrotada
Desde su reciente nacimiento como provincia, en el año 1991, Tierra del Fuego tuvo condiciones inigualables para el planeamiento educativo. Se trata de la segunda provincia más rica del país, en términos de recursos fiscales por habitante (es muy beneficiada por la coparticipación), tiene apenas unos 110.000 habitantes divididos en dos grandes ciudades y un pueblo, y cuenta con una rica diversidad cultural, gracias a la variada migración de otras provincias del país.
Sin embargo, la historia política de la provincia repitió errores y derroches, desaprovechando estas condiciones e incrementando un proceso de endeudamiento, incluso en los tiempos recientes de bonanza económica nacional. La llegada al gobierno del ARI, con Fabiana Ríos como gobernadora, impulsó nuevas expectativas, similares a las de la fundación de la provincia. Incluso, en el terreno educativo se auspiciaba un inicio pacífico, dada la estrecha relación histórica del ARI con el principal sindicato docente, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
El resultado a seis meses del inicio de la gestión es frustrante. La demanda salarial de SUTEF de alcanzar la pauta de aumento de 24% chocó con la crítica situación financiera de la provincia, que debió solicitar adelantos de coparticipación al gobierno nacional para no entrar en cesación de pagos. La pesada herencia de las gestiones anteriores hace que una provincia estructuralmente rica sea la más endeudada del país.
Lo sorpresivo en el caso de Tierra del Fuego es la escalada conflictiva que viven el Gobierno y el SUTEF, que llegó incluso a desatar un pedido de juicio político a la gobernadora por “traición a la patria”. En el medio, hubo once días de paro y, sumando las jornadas perdidas por asambleas docentes, es probable que los alumnos hayan perdido un tercio del primer semestre de clases. Como consecuencia, el 9 de junio renunció el ministro de Educación, Jorge Rabassa, y fue reemplazado por Darío Vargas, ex integrante de SUTEF.
La lectura de los diarios fueguinos muestra que en estos seis meses la educación fue derrotada. Todas las noticias refieren a las diversas ramificaciones del conflicto, como un retrato paralelo de la negociación con el campo a nivel nacional (en su dimensión y extensión, sin que eso implique igualar las demandas). En el medio, no sólo se pierden días de clase sino los valiosos seis primeros meses de gestión para el planeamiento educativo. Incluso, la propuesta de discutir una nueva Ley de Educación Provincial fue prontamente anegada por el conflicto.
El caso fueguino parece mostrar el triunfo de una cultura política de rapiña, cortoplacista y autodestructiva. La provincia, 17 años después de su inmaculado nacimiento, radicalizó prácticas propias de otras provincias más añejas: corrupción, privatización del poder público, captura de voluntades mediante el poder político y los cuantiosos recursos públicos, dependencia política del Poder Judicial, entre otras prácticas que llevaron a la ciudadanía a buscar el cambio en el ARI en las elecciones de 2007.
Pese a la llegada de un Gobierno que había denunciado incansablemente estas prácticas desde la oposición, la herencia de la cultura política parece mucho más grave que la de la deuda económica. La imposibilidad de generar una tregua para afianzar los primeros meses de gestión y cohesionar socialmente a una provincia tan chica y tan caótica, parecen ser la síntesis de esa cultura política, triunfante más allá de los actores individuales.
Así, no bastó que Tierra del Fuego haya aumentado sus salarios docentes 203% en términos nominales (41%, considerando la inflación oficial) entre 2001 y 2008, frente a 186% del promedio provincial (34% real). El nuevo pedido de aumento fue desestimado por su magnitud y la incapacidad de negociar a tiempo extremó rápidamente el conflicto, hasta poner de rodillas al sistema educativo en su dimensión pedagógica. La derrota se siente a la distancia, porque va mucho más allá de una negociación política: es una nueva caída de la educación a manos de la cultura política dominante en nuestro país.
II- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La institucionalidad democrática de la política educativa porteña
En primer lugar, el rol activo del Poder Legislativo porteño quedó plasmado en una ley que regula el derecho de admisión de los alumnos en colegios privados, iniciativa que obliga a los establecimientos educativos a fundamentar por escrito su negativa a admitir a un estudiante y contempla multas de hasta 50 veces el valor de la cuota mensual. Esta sanción implicó un acuerdo inter-partidario en la Legislatura de la Ciudad, entre el Frente para la Victoria, el PRO y la Coalición Cívica, lo cual muestra un Poder Legislativo cuya actividad no se circunscribe únicamente a los mandatos del gobierno de turno.
En segundo lugar, el Poder Judicial intimó al Gobierno porteño a arbitrar los medios necesarios para ofrecer vacantes a 8.000 niños y niñas de nivel inicial que no habían tenido lugar en el sistema. El fallo reveló cierta independencia e iniciativa de la Justicia local. Incluso motivó un debate en torno al alcance de cada uno de los poderes del Estado: por un lado, el Gobierno apeló la sentencia en primera instancia argumentando que había transgredido “una zona reservada a los poderes políticos”; por otro lado, el fallo de la Cámara, que también podrá ser apelado, sostiene que “la fiscalización que cada uno de los órganos de gobierno ejerce con respecto a los otros es la característica distintiva del principio de la división de poderes”.
Más allá de la independencia de los poderes de gobierno, la presencia de instituciones, estatales y no gubernamentales, encargadas de contribuir al cumplimiento del derecho a la educación es otra de las características del sistema educativo de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una participación clave en los dos casos mencionados: el año pasado impulsó el proyecto de ley de admisión, luego retomado y sancionado, y durante los últimos años denunció constantemente la falta de vacantes en el nivel inicial. Las organizaciones de la sociedad civil también fueron protagonistas: la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) fue quien presentó la medida cautelar ante la Justicia, indicando que la cantidad de chicos sin vacantes viene creciendo desde 2002 y que, en los últimos años, se registró una subejecución del presupuesto destinado a la infraestructura escolar.
La ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción especial en muchos sentidos: las características de su territorio, el alto nivel socioeconómico de sus habitantes, y los buenos indicadores educativos la distinguen, entre otros aspectos, del resto de las provincias. Sin embargo, el derecho a la educación dista de estar garantizado para toda la población: las grandes desigualdades internas y los problemas de infraestructura son algunos ejemplos de cuestiones críticas a resolver. El funcionamiento democrático de las instituciones y la participación activa de la sociedad son dos dimensiones clave para mejorar el gobierno de la educación y acercarnos a un sistema educativo de calidad para todos.
III- Mendoza: Acuerdo educativo
Luego de varias reuniones entre las autoridades del Poder Ejecutivo provincial y actores de partidos políticos con representación parlamentaria se firmó un acta cuyo propósito es sentar las bases de un plan educativo para los próximos 10 años, que se postule como política de Estado. A través del consenso sobre aspectos sustantivos de la realidad educativa, se busca mejorar la calidad de la educación y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los mendocinos.
Durante un prolongado paro docente en el mes de marzo, el gobernador Celso Jaque convocó a todos los sectores sociales a firmar un pacto por la educación. A partir de ese momento se reunió con distintos sectores, como los dirigentes políticos de la Concertación Plural, los representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), miembros del Partido Justicialista (PJ), autoridades de la Concertación Ciudadana, el Partido Demócrata y el ARI (Afirmación para una República Igualitaria), para elaborar un documento consensuado que establecerá los pilares de la política educativa en Mendoza.
El objetivo del gobierno provincial es refundar los consensos en torno al valor de la educación y de la escuela e intentar fortalecer a la institución como promotora de derechos, obligaciones y valores, y propiciar su capacidad de desarrollar políticas para la integración social y el desarrollo económico de Mendoza. Más concretamente, se pretende que el pacto respalde las próximas discusiones a propósito de la sanción de la nueva ley de educación provincial en las comisiones legislativas. Desde la Comisión de Educación del Senado se adelantó que se intentará crear una Comisión bicameral para debatir la nueva ley de educación y las metas educativas de la provincia.
Si bien el acuerdo generó algunas críticas por su carácter generalista, es importante destacar que se trata de una iniciativa valiosa para la construcción de un gobierno de la educación democrático y sustentable. Históricamente, y en comparación con otras provincias, el gobierno de la educación mendocino se ha caracterizado por la fuerte participación de diferentes actores políticos en la toma de las decisiones. En este sentido, vale destacar el rol de la Legislatura provincial, que ha tenido una importante injerencia en asuntos de política educativa.
La propuesta de reglas aceptadas por todos y garantizadas en el tiempo constituye un gran desafío de la política educativa, ya que contribuye a modificar una cultura política muchas veces signada por las batallas polarizadas y enceguecidas entre el Gobierno y distintos grupos de interés.
