Contra la exclusion digital
En el permanente debate político de corto plazo, la educación queda olvidada en el terreno profundo de lo invisible. Así ocurre reiteradamente.
Basta leer los titulares diversos de los medios para constatar semejante ausencia. El conflicto por las retenciones y el campo ha agudizado la inmediatez del debate político. Pero la educación también tiene su correlato en el empantanado conflicto. Evitando tomar parte –cuando tomar parte es radicalizar, polarizar y esquematizar aún más el conflicto–, aquí intentaremos tomar partes: desencajar el conflicto y mirarlo con nuevos ojos.
Una primera reflexión para la educación se halla implícita en la conceptualización de la recaudación impositiva del Estado, no sólo en el conflicto del campo sino en las representaciones sociales dominantes. Parece haber un imaginario social negativo frente a la idea de pagar impuestos, que en conflictos como el que vivimos degrada el concepto de recaudación estatal de recursos. Para la educación este punto es sustancial: la escuela pública vive de fondos estatales, es decir que existe una relación directa entre educación pública y recaudación impositiva.
Más allá de los porcentajes y los tipos de impuestos (que dependen de diversos factores), destacamos aquí la importancia de no degradar la idea de pagar impuestos, porque es una forma bien concreta y material de defender la escuela pública. Todos los impuestos van a una caja general del Estado y, más allá de lo que se opine sobre la eficiencia distributiva estatal, esos recursos son los que financian la educación.
Una segunda reflexión entra en el terreno más específico del modelo de financiamiento de la educación, cruzado también por el conflicto con el campo. El incremento de las retenciones implica una creciente concentración de recursos en manos nacionales, dado que a diferencia de impuestos como el IVA o Ganancias, no se coparticipan con las provincias.
Esto supone cierto modelo de gobierno de la educación, con las provincias en el borde del déficit (algunas ya en rojo, especialmente la provincia de Buenos Aires, muy perjudicada por la coparticipación) y la Nación con sostenido superávit. Así, las provincias apenas sostienen el pago de salarios docentes, mientras los recursos más “libres” del gobierno nacional son los que direccionan la política educativa. La consecuencia es un federalismo educativo trunco, donde las provincias más débiles dependen casi exclusivamente de las políticas educativas nacionales, mientras las más grandes en población dependen de la Nación para endeudarse y poder pagar los salarios a fin de mes.
Más allá nuevamente de las medidas específicas recientes en torno de las retenciones, una tercera reflexión surge en torno de la concepción de redistribución del ingreso que se pone en juego gracias al conflicto. En relación con la educación, basta destacar que un buen modelo impositivo debería tender a ir al menos en dos direcciones: (a) recaudar más de aquellos que más tienen (capacidad progresiva de la recaudación), (b) invertir en los bienes públicos que mayor tasa de autodeterminación generan (como la educación).
Para la primera dimensión, es indudable que el esquema impositivo argentino tiene enormes deudas pendientes. Una de ellas es la de evitar la evasión, especialmente de los sectores con recursos más concentrados. Otra es transformar el modelo de recaudación centrado en un IVA muy alto (que pagan todos los sectores sociales por igual) y un Impuesto a las Ganancias muy bajo, según todas las comparaciones internacionales. Si se pudiese avanzar en ambos frentes, seguramente en el mediano plazo serán mucho menos necesarias las medidas impositivas específicas como las retenciones, ya que todos los sectores deberían pagar según las ganancias y según el capital que posean.
En cuanto a la segunda dimensión, evidentemente la educación tiene un rol central, ya que es seguramente el mejor mecanismo de redistribución no sólo de los ingresos sino del acceso global a los derechos sociales. La traducción de recursos públicos en educación universal, pública e igualitaria implica favorecer, al mismo tiempo, mayor integración social, desarrollo económico y ciudadanía democrática. Si es capaz de generar conocimientos e interacciones sociales valiosas, la educación es la mayor fuente de autodeterminación que un Estado pueda ofrecer.
Una cuarta reflexión en torno de la relación entre el conflicto del campo y la educación es la referida a la ventana de oportunidad de 2008. Después de años de crecimiento económico, con prioridad en la inversión educativa (gracias a la Ley de Financiamiento Educativo), con una Ley de Educación Nacional que marca ciertos consensos políticos (a diferencia de los años noventa), la llegada de las nuevas gestiones de gobierno a las provincias es una oportunidad única para el planeamiento educativo. Es ahora cuando hay que diseñar las políticas educativas que aprovechen los recursos crecientes y aborden los problemas profundos del sistema educativo.
Pero la dimensión que ha tomado el conflicto se impone por completo en la escena política, sacando aire y espacio a cuestiones de largo plazo como las políticas pedagógicas y curriculares. El efecto de distracción y de incertidumbre estrecha aún más la mirada y posterga las decisiones de fondo. Para la educación la consecuencia es prolongar la larga espera.
Estas partes del correlato que el conflicto con el campo tiene en el terreno educativo pueden ser continuadas por muchas miradas. Quizás las más importantes sean las de los propios docentes con los alumnos en las aulas. Si hay algo positivo de todo esto es que con el conflicto se aprende y mucho. Así, pueden cobrar vida las lecciones de la importancia de contener los impulsos, la violencia, promover el diálogo, la justicia, la mediación, el sentido del empate frente al valor unidimensional del triunfo, entre otras enseñanzas implícitas. Aunque sea por la vía negativa, el conflicto con el campo deja un fértil terreno para continuar en la intimidad de las aulas.
